Proponen fortalecer la atención inmediata a víctimas de violencia familiar en San Luis Potosí

Iniciativa busca garantizar auxilio policial oportuno, protección integral y procuración de justicia con perspectiva de género

Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas de violencia familiar y garantizar una respuesta inmediata de las autoridades, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta plantea que las personas afectadas por este tipo de violencia reciban auxilio policial inmediato como primer contacto, representación jurídica especializada y una procuración de justicia con perspectiva de género que evite procesos de revictimización.

Entre los cambios propuestos destaca la actualización de la denominación de la Fiscalía General del Estado, ya que la legislación vigente aún hace referencia a la antigua Procuraduría General de Justicia. Asimismo, se busca incorporar formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como autoridad competente dentro de la primera línea de atención a víctimas.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que, ante situaciones de violencia extrema en el ámbito familiar, el primer recurso al que recurren las víctimas suele ser el número de emergencias y la intervención de las corporaciones policiales, por lo que resulta indispensable establecer con claridad sus atribuciones y responsabilidades.

La iniciativa establece que la participación de la SSPC permitirá fortalecer la actuación de la Guardia Civil Estatal y de las unidades especializadas en atención de violencia de género, bajo protocolos de primer contacto que privilegien la protección de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos.

Además, se busca otorgar a los cuerpos de seguridad facultades para aplicar medidas de protección urgentes, resguardar a las víctimas, trasladarlas a espacios seguros o centros de salud y actuar de manera inmediata para detener las agresiones.

La reforma también contempla armonizar las atribuciones de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sustituyendo conceptos jurídicos ya superados por un enfoque moderno de reinserción, con el propósito de que los agresores sujetos a medidas cautelares o privados de la libertad reciban tratamientos psicológicos reeducativos orientados a prevenir la reincidencia.

Respecto a la Fiscalía General del Estado, la iniciativa establece la obligación de recibir denuncias o querellas relacionadas con violencia familiar garantizando un trato digno, especializado y con perspectiva de género; además de dictar de oficio medidas de protección urgentes para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas y sus dependientes.

De igual forma, se propone fortalecer la coordinación institucional para la elaboración de protocolos especializados y la generación de información estadística desagregada por género, edad y municipio, con el fin de mejorar las políticas públicas de prevención y atención de la violencia familiar.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación correspondiente.