Congreso de San Luis Potosí blinda a menores contra la revictimización en procesos judiciales
Con el respaldo unánime de las y los diputados, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí para incorporar los principios de “mínima intervención” y “no revictimización” en los procedimientos judiciales donde participen menores de edad como víctimas o testigos.
La modificación a los artículos 6 y 13 de la legislación estatal, impulsada por el diputado César Lara Rocha, busca garantizar una mayor protección a niñas, niños y adolescentes durante su participación en procesos legales, evitando que sean expuestos de manera innecesaria a situaciones que puedan afectar su bienestar emocional.
El principio de mínima intervención establece que, cuando los menores sean llamados a emitir su opinión o rendir declaración dentro de un juicio, deberán hacerlo el menor número de veces posible y, preferentemente, fuera de su horario escolar, con el fin de reducir el impacto que estos procedimientos puedan tener en su desarrollo personal y académico.
Asimismo, la reforma incorpora el principio de no revictimización, mediante el cual las personas juzgadoras estarán obligadas a adoptar medidas que eviten que niñas, niños y adolescentes vuelvan a experimentar el daño emocional derivado de los hechos que motivaron su participación en el proceso judicial.
Durante la exposición de motivos, se destacó que la repetición constante de declaraciones y evaluaciones puede generar ansiedad, angustia y temor en los menores, quienes se ven obligados a revivir experiencias traumáticas cada vez que relatan los hechos ante distintas autoridades.
Por ello, la nueva disposición establece que se deberá evitar, en la medida de lo posible, que los menores declaren reiteradamente o sean sometidos de forma repetitiva a pruebas periciales, psicológicas o psiquiátricas, privilegiando siempre su interés superior y su bienestar integral.
Con esta reforma, el Congreso del Estado fortalece el marco legal de protección a la infancia y adolescencia, garantizando procesos judiciales más humanos, sensibles y respetuosos de los derechos de las víctimas más vulnerables.
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