Impulsan actualización a la Ley de Educación para fortalecer la prevención de la violencia escolar en San Luis Potosí
La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, con el propósito de incorporar definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos que enfrenta el entorno escolar, particularmente en materia de convivencia, seguridad y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora explicó que la propuesta responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente ante las nuevas formas de agresión que afectan el ambiente escolar y que vulneran de manera directa los derechos humanos de la comunidad estudiantil.
Señaló que la Ley General de Educación establece la obligación de las autoridades educativas de implementar mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, así como de garantizar entornos favorables para el aprendizaje, impulsar la educación socioemocional y promover la cultura de paz, la solución pacífica de conflictos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En este sentido, advirtió que diversos ordenamientos estatales aún responden a un enfoque principalmente reactivo o de carácter securitario, centrado en medidas disciplinarias o de control, sin incorporar plenamente enfoques contemporáneos como derechos humanos, inclusión, justicia restaurativa, salud mental, perspectiva de género, participación estudiantil y protección integral.
La diputada subrayó que la violencia y el maltrato en los entornos escolares representan una de las problemáticas más graves que afectan a niñas, niños y adolescentes, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y académicas que generan.
Asimismo, precisó que estas conductas no deben ser consideradas conflictos menores ni hechos aislados, sino expresiones de violencia sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar.
Martínez Vázquez destacó que la iniciativa busca fortalecer el marco jurídico mediante la incorporación de conceptos claros, amplios y precisos que permitan identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia en el entorno escolar, evitando vacíos normativos que limiten la actuación de las autoridades y la protección efectiva de la niñez y adolescencia.
La propuesta parte del reconocimiento del derecho de toda persona a desarrollarse en espacios educativos libres de violencia, discriminación, intimidación y abuso de poder, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos eficaces de prevención, protección y atención integral ante cualquier afectación a la integridad física, psicológica, emocional o sexual.
En este contexto, se establece que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben actuar bajo el principio del interés superior de la niñez, lo que implica no solo abstenerse de vulnerar derechos, sino implementar acciones efectivas para prevenir y atender cualquier manifestación de violencia escolar.
La legisladora advirtió que cuando existan afectaciones emocionales o psicológicas derivadas de conductas de hostigamiento toleradas o ignoradas por las instituciones educativas, se configura una violación grave a los derechos de la infancia, lo que exige una respuesta inmediata, diligente y efectiva para garantizar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia.
Finalmente, la iniciativa tiene como objetivo actualizar el marco legal estatal para responder a los retos actuales en materia educativa, incorporando nuevas definiciones y modalidades que permitan atender de manera integral la problemática de la violencia escolar.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte, para su análisis y dictamen.
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