El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el concepto de violencia digital y fortalecer la protección de este sector frente a riesgos y afectaciones cometidas mediante tecnologías de la información y comunicación.
La propuesta plantea establecer una definición amplia y técnicamente adecuada de violencia digital, considerando como tal cualquier acción u omisión realizada a través de plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones, dispositivos electrónicos o cualquier medio tecnológico que afecte la dignidad, seguridad, integridad, patrimonio, privacidad o derechos de las personas adultas mayores.
El legislador explicó que la reforma busca actualizar el marco jurídico estatal ante las nuevas formas de violencia que enfrentan las personas adultas mayores en entornos digitales, además de reforzar el principio de progresividad de los derechos humanos y mejorar la coordinación institucional para prevenir, atender y erradicar estas conductas.
La iniciativa establece que la violencia digital comprende cualquier acto que tenga por objeto o resultado limitar, vulnerar o poner en riesgo la integridad, patrimonio, privacidad, seguridad o derechos de las personas adultas mayores.
Asimismo, contempla conductas como fraude digital, suplantación de identidad, difusión indebida de información personal, hostigamiento, amenazas y cualquier otra afectación realizada mediante medios digitales, sin importar si sus consecuencias ocurren en el entorno virtual o físico.
Lara Rocha destacó que también se incluirán como violencia digital aquellas conductas análogas que lesionen o puedan dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.
La propuesta plantea reformar la fracción XXIV del artículo 5º y adicionar el inciso h), recorriéndose el actual inciso h) para convertirse en inciso i), de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.
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