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Endurecen castigos contra deudores alimentarios que oculten ingresos o den datos falsos

El diputado local César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a los deudores alimentarios que proporcionen información falsa, oculten datos personales o alteren el monto real de sus ingresos con el propósito de evadir sus obligaciones alimentarias.

La propuesta plantea castigar de manera específica a quienes falseen u oculten información esencial ante las autoridades, como nombre, domicilio o percepciones económicas, prácticas que actualmente son utilizadas para evitar el establecimiento o cumplimiento de una pensión alimenticia.

El legislador explicó que la iniciativa busca cerrar vacíos legales existentes en el artículo 202 del Código Penal del Estado, ya que actualmente se sanciona la omisión del pago y la simulación de insolvencia, pero no las maniobras dolosas relacionadas con el ocultamiento de datos personales o financieros.

Asimismo, la reforma contempla aumentar las penas para este delito, pasando de la sanción vigente de seis meses a tres años de prisión, a una penalidad de uno a cuatro años de cárcel.

Lara Rocha señaló que este ajuste se encuentra alineado con el marco constitucional y responde a la gravedad que implica privar deliberadamente de sustento económico a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

El diputado destacó que el objetivo también es brindar mayor certeza jurídica a las víctimas y a las autoridades encargadas de impartir justicia, homologando la terminología legal con el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí para evitar interpretaciones ambiguas.

En la exposición de motivos, el legislador advirtió que el incumplimiento deliberado de las obligaciones alimentarias continúa siendo una problemática recurrente en San Luis Potosí, afectando directamente el interés superior de la niñez y el derecho de las familias a una vida digna.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y posible dictaminación.

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