Congreso de SLP aprueba nueva Ley de Justicia Cívica para fortalecer la seguridad y resolver conflictos vecinales
Las comisiones unidas de Régimen Interno y Asuntos Electorales, así como la Segunda de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen para expedir la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de crear un sistema integral para la atención de faltas administrativas y solución de conflictos ciudadanos.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y promovente de la iniciativa, explicó que esta legislación busca dotar de legalidad, orden y certeza jurídica a la actuación de las autoridades municipales, además de fortalecer la cultura de paz y la justicia restaurativa.
“Esta ley permitirá despresurizar a la Fiscalía General del Estado para que concentre sus esfuerzos en delitos de alto impacto como robos, violencia o fraude, mientras que los conflictos menores entre ciudadanos podrán resolverse mediante mecanismos de justicia cívica”, señaló el legislador.
La propuesta contempla que los 59 municipios del estado puedan crear juzgados cívicos de acuerdo con su capacidad presupuestal, los cuales contarán con espacios adecuados para audiencias, áreas de aseguramiento temporal, valoración médica y personal especializado para atender las faltas administrativas con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Además, se establece un mecanismo formal de prevención y atención temprana de conflictos, enfocado en fomentar la convivencia ciudadana, el respeto a las normas y la solución pacífica de controversias.
La iniciativa también permitirá que cada municipio determine, dentro de sus reglamentos, el catálogo de infracciones y sanciones administrativas aplicables.
Actualmente, municipios como San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles ya implementan acciones en materia de justicia cívica; sin embargo, no existía una legislación estatal que homologara criterios y procedimientos.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
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