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Quiere Congreso Local legislar para garantizar compensación a víctimas de accidentes que queden incapacitadas para trabajar

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 143 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer la obligación de reparar el daño económico a víctimas de accidentes de tránsito que queden imposibilitadas total o parcialmente para desempeñar una actividad laboral.

La propuesta plantea que, en casos de lesiones derivadas de accidentes viales, la persona responsable deberá otorgar una compensación económica suficiente y proporcional al daño causado, misma que deberá cubrirse de manera periódica mediante pagos mensuales o bajo el esquema que determine la autoridad competente, tomando en cuenta la naturaleza y duración de la incapacidad.

La legisladora explicó que, aunque actualmente el Código Penal contempla sanciones para quienes provocan lesiones u homicidios culposos relacionados con hechos de tránsito —especialmente cuando existe conducción bajo efectos del alcohol, sustancias prohibidas, abandono de la víctima o fuga—, aún existe un vacío legal respecto a la protección económica de quienes quedan incapacitados para trabajar.

Sánchez de Lira señaló que las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito no solo representan una afectación física y emocional, sino también un impacto económico prolongado que puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo de la gravedad de las secuelas.

Asimismo, advirtió que muchas de las víctimas carecen de seguros, ahorros o redes de apoyo suficientes para enfrentar una incapacidad laboral, situación que puede derivar en endeudamiento, pérdida de ingresos e incluso dificultades para cubrir necesidades básicas.

La diputada destacó que la reparación del daño debe contemplar una visión integral que priorice las condiciones reales de vida de las personas afectadas y no limitarse únicamente al aspecto punitivo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.

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