Congreso buscan reforzar inspecciones en bares y antros para garantizar seguridad en todo el estado
La diputada María Dolores Robles Chairez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a implementar de manera permanente operativos de inspección en bares y centros nocturnos, especialmente durante los fines de semana, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y protección civil en este tipo de establecimientos.
La legisladora señaló que la prevención es fundamental para evitar riesgos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, por lo que consideró indispensable que todos los negocios con alta afluencia de personas cuenten con un Programa Interno de Protección Civil vigente, además de personal capacitado para responder ante cualquier contingencia.
La propuesta surge tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 19 de abril en un bar de la capital potosina, donde tres personas perdieron la vida luego de una riña registrada al interior del establecimiento.
El exhorto plantea que las Direcciones de Comercio municipales, o sus equivalentes, realicen inspecciones constantes para verificar que los bares y centros nocturnos operen con licencias vigentes, respeten el giro autorizado y cumplan con los horarios establecidos en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.
Asimismo, se busca garantizar que estos establecimientos cuenten con brigadas de auxilio capacitadas, señalización visible sobre el aforo permitido y protocolos actualizados de protección civil.
La diputada Robles Chairez advirtió que los negocios que incumplan con estas medidas deberán ser sujetos a clausura temporal inmediata hasta corregir las irregularidades detectadas.
También se contempla supervisar que las empresas de seguridad privada contratadas por bares y antros estén debidamente registradas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y que su personal tenga capacitación en control de multitudes y detección de objetos prohibidos.
El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado para su análisis y discusión.
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