Propuesta busca endurecer sanciones por el delito de lesiones en San Luis Potosí

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia de lesiones, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma a los artículos 136 y 137 del Código Penal del Estado, con el fin de actualizar los rangos de sanción y hacerlos proporcionales a la gravedad de las conductas, en concordancia con la realidad social.

La propuesta plantea incorporar de manera expresa las afectaciones en zonas corporales visibles y de alta relevancia social, como la cabeza y el cuello, así como precisar las consecuencias jurídicas derivadas de este delito. Entre los aspectos que se buscan integrar destacan supuestos como la deformidad incorregible y la afectación funcional permanente, además de fortalecer el principio de taxatividad mediante una redacción más clara que reduzca márgenes de interpretación.

En este sentido, se propone modificar el artículo 137 para establecer sanciones específicas en casos donde las lesiones no pongan en riesgo la vida de la víctima, pero dejen secuelas. Así, cuando se genere una cicatriz notable y permanente en la cara, cabeza, cuello o pabellones auriculares, se impondrían penas de dos a cinco años de prisión, además de una sanción económica.

En casos donde las lesiones provoquen debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros, o alteraciones en las facultades volitivas, las penas irían de tres a siete años de prisión, junto con multas correspondientes.

Asimismo, cuando las lesiones ocasionen consecuencias graves como enajenación mental, pérdida definitiva de un miembro o función orgánica, deformidad incorregible que afecte la apariencia o funcionalidad corporal, o incapacidad permanente para trabajar, se contemplan penas de cuatro a diez años de prisión, además de sanciones económicas más elevadas.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que la reforma busca contribuir a una mayor protección de la integridad personal, sin apartarse de los principios constitucionales que rigen el sistema penal, como la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.