La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y crear la figura de “abuso sexual por embarazo infantil”, con el objetivo de sancionar a personas adultas que provoquen el embarazo de niñas menores de 14 años.
La propuesta plantea que este delito se configure independientemente de que exista o no consentimiento de la menor, y que sea perseguido de oficio en todos los casos. Las sanciones contemplan penas de entre 8 y 15 años de prisión, multas económicas, pérdida de la patria potestad o derechos familiares, así como la obligación de una reparación integral del daño que incluya atención médica, psicológica y especializada.
Además, se prevé el incremento de las penas en situaciones agravantes, como cuando la víctima esté en condición de vulnerabilidad, exista uso indebido de datos personales para acercarse a ella, o si el responsable es servidor público o familiar. En estos casos, también se contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
En la exposición de motivos, la legisladora advierte que el abuso sexual infantil incrementa el riesgo de embarazos no deseados. Cita datos de la Organización Mundial de la Salud (2021), que estiman que millones de niñas han sido víctimas de violencia sexual a nivel global, en un contexto marcado por la desigualdad de género y condiciones de vulnerabilidad.
La iniciativa subraya que el embarazo infantil es un problema multifactorial que profundiza la desigualdad y perpetúa ciclos de violencia, afectando principalmente a niñas en condiciones de pobreza y con limitado acceso a la educación.
El proyecto fue turnado a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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