Por años, la política mexicana ha insistido en vender una narrativa de cambio, de austeridad, de ruptura con los viejos abusos del poder. Pero hay historias que, por más que se intenten justificar, terminan por exhibir que ciertas prácticas no sólo siguen vivas, sino que se normalizan desde las más altas esferas.
El caso del hijo de Marcelo Ebrard Casaubón, quien habría vivido durante meses en la Embajada de México en Londres —nada menos que en una de las mejores habitaciones con vista a Belgrave Square— no es un tema menor. No se trata de un ataque político ni de “mezquindad”, como se ha querido etiquetar. Se trata de algo mucho más básico: el uso de recursos públicos para fines privados.
Porque aquí hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿en qué momento una sede diplomática, financiada por todos los mexicanos, se convierte en residencia para familiares de funcionarios?
La explicación ofrecida por el propio canciller en su momento —hoy secretario de Economía— no sólo es débil, es preocupante. Minimizar el hecho, victimizarse y descalificar a quien lo exhibe, como el periodista Claudio Ochoa, no resuelve el fondo del problema. Al contrario, lo agrava. Porque refleja una desconexión peligrosa entre el poder y la rendición de cuentas.
No está en discusión si su hijo tiene derecho a estudiar, viajar o prepararse. Ojalá todos los jóvenes mexicanos tuvieran esas oportunidades. El punto es otro: el privilegio de hacerlo desde una embajada, con instalaciones, servicios y personal que dependen del erario. Eso no es aspiracional, es discrecional.
Y más grave aún: es un claro conflicto ético. Porque no hablamos de un ciudadano cualquiera, sino del hijo de quien en ese momento encabezaba la política exterior del país. ¿De verdad nadie dentro de la estructura diplomática vio problema en ello? ¿O simplemente se asumió como parte del “derecho” del cargo?
La indignación que hoy circula en redes sociales no es casualidad. Es el reflejo de una sociedad cada vez más consciente de los abusos, más sensible a las contradicciones del discurso oficial. Ya no basta con decir que se combate la corrupción; hay que evitar cualquier práctica que huela a privilegio.
Lo verdaderamente mezquino no es cuestionar al poder. Lo mezquino es creer que el poder puede usarse sin consecuencias.
Porque mientras millones de mexicanos hacen esfuerzos extraordinarios para pagar renta, educación o incluso un viaje al extranjero, en las alturas del gobierno parece existir una realidad paralela donde las embajadas pueden funcionar como extensiones del hogar.
Y eso, más que indignar, debería encender todas las alertas.
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