Impulsan blindaje presupuestal para garantizar financiamiento a la educación superior en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.– Con el objetivo de fortalecer la educación pública superior como un derecho fundamental y un eje de desarrollo social, el diputado José Roberto García Castillo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional y legal para asegurar un financiamiento suficiente, estable y progresivo a las instituciones públicas de educación superior en San Luis Potosí.

El legislador explicó que la propuesta busca mejorar la planeación financiera del sistema educativo, otorgando certeza presupuestal tanto a las instituciones como a la comunidad académica y estudiantil, sin vulnerar la autonomía universitaria ni las atribuciones del Ejecutivo estatal en la elaboración del presupuesto.

La iniciativa plantea la adición del párrafo 20 al artículo 10 de la Constitución Política del Estado, estableciendo que la educación superior será obligatoria y que el Estado deberá garantizar su financiamiento progresivo. Asimismo, se precisa que las asignaciones presupuestales destinadas a este nivel educativo no podrán ser inferiores, en términos reales, a las aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De igual manera, se propone que las autoridades educativas implementen políticas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad de los estudiantes, además de garantizar el acceso a la educación superior a quienes cumplan con los requisitos establecidos por las instituciones públicas.

En cuanto a la Ley de Educación del Estado, la reforma al párrafo séptimo y la adición de los párrafos octavo y noveno del artículo 109 buscan reforzar el principio de no regresividad presupuestal, estableciendo que el monto anual destinado a la educación pública superior no podrá disminuir, en concurrencia con los recursos federales y conforme a la normatividad aplicable.

García Castillo subrayó que la asignación de recursos deberá realizarse con una visión de largo plazo, atendiendo criterios de planeación, cobertura, fortalecimiento académico, uso responsable y transparente del gasto, así como sostenibilidad financiera, garantizando en todo momento la autonomía de las instituciones y el cumplimiento de sus fines.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Hacienda del Estado, para su análisis y dictaminación correspondiente.