Escuelas más seguras: impulsan reforma para denunciar de inmediato la violencia sexual infantil

La Fundación Internacional Granito de Arena A.C. y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a casos de violencia sexual en entornos escolares.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece la obligación de cualquier persona de denunciar delitos cometidos contra menores de edad. En ese sentido, la iniciativa plantea establecer de manera expresa la obligación de denuncia inmediata para todo el personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos.

Entre los principales alcances de la reforma se contempla la creación de protocolos claros, obligatorios y homologados, que permitan proteger a las víctimas desde el primer momento, brindar certeza jurídica al personal escolar, evitar interpretaciones discrecionales y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales. Asimismo, se prevé la capacitación periódica de quienes laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos de actuación.

Con estas acciones, se busca colocar a San Luis Potosí a la vanguardia en la protección de la infancia, atendiendo una deuda histórica con niñas, niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual sin que sus denuncias fueran escuchadas o atendidas oportunamente.

La iniciativa propone adicionar el artículo 83 Bis a la Ley de Educación del Estado, para establecer que el personal directivo, docente y administrativo deberá denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier conocimiento, sospecha o indicio de abuso sexual, maltrato o cualquier forma de violencia contra menores, conforme a los protocolos que se emitan.

La omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal y administrativa aplicable, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez y la protección de quienes actúen de buena fe.

Asimismo, se plantea que los protocolos de actuación sean elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, el DIF estatal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para su elaboración, actualización y evaluación, se integrará un Comité Estatal Interinstitucional, en el que también participarán representantes de madres, padres de familia y del magisterio.

La instalación de este Comité deberá realizarse dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, mediante convocatoria pública emitida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con las instituciones participantes.