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Pensiones, poder y silencios incómodos

La noticia no es menor ni aislada: dos exfuncionarios de Pemex están en la mira por haber avalado una pensión a María Amparo Casar. Más allá de nombres propios, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria en México: el uso discrecional del poder, los privilegios heredados y la impunidad normalizada en las altas esferas.

Durante décadas, Pemex —como otras instituciones del Estado— fue terreno fértil para decisiones administrativas tomadas en la penumbra, amparadas en reglamentos internos opacos y en una red de favores políticos que difícilmente rendían cuentas. Las pensiones especiales, los beneficios extraordinarios y los “derechos adquiridos” funcionaron como una moneda de cambio silenciosa, casi intocable, aun cuando las finanzas públicas ya mostraban señales de agotamiento.

El caso de Casar resulta especialmente simbólico. No solo por tratarse de una figura con peso en la vida pública y en el debate político nacional, sino porque exhibe una contradicción que erosiona la credibilidad del discurso público: exigir legalidad, transparencia y combate a la corrupción, mientras se guardan silencios convenientes cuando los beneficios personales están en juego.

No se trata de un linchamiento mediático ni de prejuzgar responsabilidades penales. Eso corresponde a las autoridades. Pero sí es válido —y necesario— cuestionar el trasfondo ético y político del asunto. ¿Quién autorizó?, ¿bajo qué criterios?, ¿se ajustó a la ley o se forzó la norma?, ¿por qué durante años nadie preguntó nada?

Que hoy se investigue a exfuncionarios de Pemex por avalar este tipo de pensiones envía un mensaje claro: los privilegios ya no pueden esconderse detrás del prestigio intelectual, académico o político. La rendición de cuentas no debe distinguir entre técnicos, opinadores, burócratas o “voces autorizadas”.

Este episodio también deja una lección más amplia: México no podrá cerrar la herida de la desigualdad mientras persistan islas de privilegio financiadas con recursos públicos. Cada pensión irregular no es solo un número en una nómina; es un recordatorio de por qué la ciudadanía desconfía, se indigna y exige explicaciones.

La verdadera pregunta ya no es si este caso tendrá consecuencias legales, sino si el poder está dispuesto a mirarse al espejo sin simulaciones. Porque perseguir a unos cuantos mientras otros siguen intocados no es justicia, es escenografía.

¿Cuántos expedientes similares duermen en los cajones de Pemex, del ISSSTE, del Infonavit, de la CFE y de otros organismos del Estado? Pensiones infladas, privilegios heredados, firmas cómplices y silencios comprados. Si se va a abrir la cloaca, que sea completa.

En este país ya no caben medias verdades ni castigos selectivos: o se investiga a todos o no se investiga a nadie. Porque cuando la ley se aplica según el nombre, el cargo o la cercanía política, no hay Estado de derecho: hay ajuste de cuentas.

O todos coludos… o todos rabones.

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