Poderes estatales y partidos políticos tendrán menos presupuesto en 2026

*La Secretaría de Finanzas busca atender adeudos y contar con mayor flexibilidad ante gastos imprevistos

El Congreso del Estado aprobó modificaciones al presupuesto 2026 que impactarán principalmente a los poderes estatales, organismos autónomos, autoridades electorales, partidos políticos y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

De acuerdo con el dictamen, la Secretaría de Finanzas realizará ajustes para destinar más recursos a la atención de gastos imprevistos, compromisos extraordinarios y adeudos pendientes, lo que implicará una redistribución interna de fondos. En total, se prevé un ajuste de aproximadamente mil 524 millones de pesos, buscando mayor flexibilidad financiera ante eventualidades.

Entre los principales cambios, el Poder Legislativo recibirá 327 millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones y resoluciones judiciales pendientes, 10 millones menos que lo previsto originalmente.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) dispondrá de 303 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial contará con 460 millones para remuneraciones, seguridad social, pagos legales y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura.

Asimismo, los recursos destinados a partidos políticos y autoridades electorales se incrementarán a 355 millones de pesos, de los cuales 75 millones se asignarán al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), 165 millones a financiamiento partidista, 5 millones para obligaciones legales y 110 millones para la organización del proceso electoral derivado de la reciente reforma al Poder Judicial.

Por su parte, la UASLP recibirá 506 millones de pesos, además de los recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados.

Las modificaciones fueron posibles gracias a los artículos 40 y 41 del Presupuesto de Egresos, que facultan a la Secretaría de Finanzas a realizar ajustes para cubrir imprevistos y obligaciones de ejercicios anteriores.

Esta redistribución afectará principalmente al Poder Ejecutivo, el Legislativo y organismos autónomos, aunque se busca garantizar la operatividad estatal con recursos disponibles y flexibles ante contingencias.