Liberan a Juana Hilda González Lomelí tras 19 años en prisión; La SCJN declara inválida su confesión por “tortura”

Ciudad de México, 11 de junio de 2025 — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este martes la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, detenida desde 2006 por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal del país determinó que su confesión fue obtenida bajo tortura e intimidación, por lo que carece de validez legal.

Según la sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, González Lomelí fue víctima de agresiones físicas, amenazas y violencia sexual por parte de agentes federales durante su detención en instalaciones de la entonces SIEDO. Estas violaciones a sus derechos humanos fueron acreditadas por peritajes independientes y organismos nacionales e internacionales.

“La única prueba en su contra fue una confesión arrancada mediante tortura”, afirmó el ministro ponente durante la sesión del Pleno. Sin esa declaración, agregó, no existen pruebas suficientes para mantener su condena.

González Lomelí se encontraba recluida en el Cefereso 16 en Morelos. Tras la resolución, su liberación quedó programada para las próximas horas.

Un caso emblemático bajo la lupa

El llamado “caso Wallace” ha sido uno de los más mediáticos en las últimas dos décadas en México. Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima, encabezó una campaña nacional que derivó en la detención de varias personas, incluyendo a González Lomelí, a quienes acusó del secuestro y asesinato de su hijo.

Sin embargo, múltiples investigaciones independientes, así como recomendaciones de organismos internacionales, han señalado que el caso está plagado de irregularidades, como tortura, pruebas manipuladas y fabricación de culpables.

Organizaciones de derechos humanos como la ONU y Amnistía Internacional han solicitado desde hace años la revisión del caso, calificándolo como un ejemplo paradigmático de injusticia en el sistema penal mexicano.

¿Y los demás acusados?

La resolución abre la puerta para que otros detenidos por el mismo caso, como Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre, busquen la anulación de sus condenas bajo los mismos argumentos de tortura y fabricación de pruebas.

“Hoy se empieza a desmontar una construcción judicial profundamente viciada”, señaló la abogada Claudia Torres, defensora de otros implicados en el caso. “Esperamos que la justicia alcance pronto a todos los que aún están injustamente encarcelados”.

Con esta decisión, la SCJN marca un precedente histórico en la lucha contra la tortura judicial y la fabricación de culpables en México.