Cuestionan acto de autopréstamo del alcalde de Rioverde, pobladores siente que los intereses son altos y hay riesgos para la administración pública para quedar endeuda con el edil.
Rioverde, SLP.– La comunidad de Rioverde está en alerta ante las polémicas intenciones del presidente municipal, Arnulfo Urbiola Román, quien busca otorgar un autopréstamo en condiciones que podrían comprometer seriamente las finanzas del Ayuntamiento. Según miembros del Cabildo, el alcalde propone prestar recursos propios al municipio bajo un interés anual del 82%, lo que ha generado un rechazo categórico entre la ciudadanía.
El planteamiento, defendido por Urbiola como una solución para atender “compromisos urgentes”, es alarmante no solo por la cifra desproporcionada del interés, sino también por su opacidad y el periodo de gracia de tres meses. Argumentar que esta medida busca “agilizar” trámites burocráticos no justifica lo que podría interpretarse como un claro abuso de poder y un esquema que prioriza intereses personales sobre el bien común.
La situación recuerda el oscuro antecedente del exalcalde Margarito Ortiz Saldívar, quien en los años 80 otorgó un préstamo al Ayuntamiento que, debido a intereses acumulados, creció exponencialmente hasta alcanzar una deuda de más de dos mil millones de pesos. Este caso histórico debería ser una advertencia sobre los riesgos de permitir operaciones financieras poco transparentes dentro de la administración pública.
La indignación de la población no se ha hecho esperar. Los rioverdenses consideran que esta maniobra, lejos de responder a las necesidades del municipio, representa un intento de saqueo de los recursos públicos. Las demandas al Cabildo para frenar este proyecto aumentan con fuerza, reflejando la determinación de la ciudadanía por impedir que el plan del alcalde prospere.
Es fundamental que las autoridades municipales y la sociedad civil actúen con firmeza y claridad. La administración pública no debe convertirse en un vehículo para obtener beneficios privados a costa del erario.
La presión social seguirá en aumento, mientras la comunidad espera que el Cabildo se pronuncie oficialmente y defina una postura que garantice la transparencia y el bienestar colectivo.
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