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Avanza en comisiones Iniciativa para la protección de los derechos laborales de la comunidad LGBTI en San Luis Potosí

La legisladora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Gabriela Martínez Lárraga, celebró que la Iniciativa que busca proteger los derechos laborales de la comunidad LGBTI en el estado avance de manera positiva en Comisiones.

Esta propuesta busca reformar los artículos 2°, 21 y agregar una fracción XVI al artículo 51 de la mencionada ley, y se presenta en conjunto con la ciudadanía, interesada en lograr que los derechos de las personas LGBTI sean respetados y se erradique cualquier forma de discriminación.

En la exposición de motivos, la diputada Martínez Lárraga hace referencia a la importancia de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, y establece que los derechos fundamentales han dejado de ser principios programáticos para convertirse en normas con eficacia directa, que nos permite entender que todos somos seres humanos.

La iniciativa propone que el Estado mexicano, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, establezca los procedimientos necesarios para adecuar los documentos de las personas LGBTI a su identidad de género. Se enfatiza que estos derechos personales, aunque no se enuncian expresamente en la Constitución, derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana.

Asimismo, se hace hincapié en que las personas LGBTI enfrentan discriminación y violencia debido a prejuicios y estereotipos derivados de la ignorancia en torno a la sexualidad y el género. Estudios demuestran que estas personas tienen menores salarios, menos oportunidades de empleo, viven en condiciones de pobreza, enfrentan obstáculos en la educación y sufren violencia y rechazo familiar con mayor frecuencia. Además, existe una brecha significativa entre el marco normativo y la realidad para las personas LGBTI en el ámbito laboral.

En este sentido, la iniciativa propone adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza para prohibir y erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluyendo la capacidad

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