*Cada uno de los Integrantes de la Directiva del Congreso deberán de pagar multa
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Cinthia Segovia Colunga dio a conocer que, las siete diputadas integrantes de la Directiva deberán pagar una multa individual de 10 mil pesos por incumplimiento a una sentencia de un juzgado federal, lo cual se lo atribuyó a un error jurídico.
Lo anterior, derivado de un juicio de amparo tramitado por María del Refugio González Reyes, ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del cual no se cumplió la sentencia, por lo que se impusieron multas de 10 mil pesos a cada legisladora.
Segovia Colunga reconoció que, este tema terminó en una multa para las integrantes de la Directiva, a ella como presidenta; a la primera vicepresidenta, Aránzazu Puente Bustindui; a la segunda vicepresidenta, Yolanda Cepeda Echavarría; a la primera secretaria, Emma Idalia Saldaña Guerrero; segunda secretaria, Nadia Esmeralda Ochoa Limón; primera prosecretaria, Gabriela Martínez Lárraga y, la segunda prosecretaria, Lidia Nallely Vargas Hernández.
Abundó que, este tema se ha estado atendiendo desde el área jurídica, un tema que viene desde la anterior Legislatura por no ratificar a González Reyes como magistrada, “el juez no queda conforme con lo que se le contesta y es por eso que viene el tema de la multa para las integrantes de la Directiva del Congreso, tema que se va atender en lo particular por cada una de las compañeras”.
Cinthia Segovia informó que, en la próxima sesión ordinaria del 14 de abril, se llevará al Pleno del Congreso del Estado una nueva votación para la elección de titular de la magistratura para dar cumplimiento a la sentencia.
Aclaró que, la multa será para las siete integrantes de la Directiva, es individual y se debe de pagar con recursos propios, lo cual se derivó de un error del jurídico y atenderán la responsabilidad que tiene.
Adelantó que, derivado de esta situación se evaluará al jurídico al igual como se ha hecho con los asesores, puesto que se pueden permitir errores que afecten el funcionamiento del Poder Legislativo o no se atiendan las cuestiones legales.
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