La coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, convocó a madres, padres, organizaciones civiles y a partidos políticos a mantener la defensa de niñas, niños y adolescentes ante el contumaz intento del gobierno federal de faltar a su obligación de proteger a este sector de la población mediante la alteración del programa y el presupuesto destinado a estancias infantiles y ante su vulgaridad de querer utilizar estos recursos para fines político-electorales.
En conferencia de prensa conjunta con otros coordinadores de grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, la legisladora por Jalisco expresó la determinación del GPPRD por mantener y fortalecer el frente conformado hasta ahora con diversas fuerzas políticas para defender el interés superior de la infancia y la adolescencia.
Se congratuló de que al bloque conformado hasta ahora por senadores y diputados federales ya se sumen diputados locales y organizaciones civiles que están claros de que hay una violación a los derechos de niñas y niños por parte del gobierno, y de que es necesario salir en defensa de esos derechos.
Lamentó que la administración federal vaya de error en error y de atentado en atentado contra la infancia, ahora llamando peyorativamente “fantasmas” a cerca de 100 mil niñas y niños porque supuestamente no aparecen en los padrones de beneficiarios del programa de estancias infantiles.
En realidad –dijo Juárez Piña- el gobierno inicia al revés, porque antes de modificar el programa o el presupuesto como lo viene haciendo desde hace cuatro meses, debió tener el diagnóstico.
Sin embargo, primero modificó el presupuesto y luego acusó y criminalizó por supuestas irregularidades en las estancias infantiles sin aportar prueba alguna, y ahora, en lugar de enmendar ese error de procedimiento, pretende entregar los recursos directamente a las madres y padres de familia, lo que en realidad es un vulgar uso de recursos públicos para propósitos político-electorales, así como una violación al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2019.
Acusó al gobierno federal, en particular a quienes dirigen la Secretaría del Bienestar, de lono tener la más mínima idea de lo que son los derechos de la infancia y la adolescencia, de faltar a sus obligaciones de velar por la vigencia de esos derechos y de agredir directa e indirectamente a los propios padres y madres de familia.
Añadió que lo procedente primero era una investigación oportuna, transparente y eficaz para corregir lo que se tuviera que corregir, pero no la cancelación de la entrega de recursos a las estancias, dejar sin atención a miles de niñas y niños, y utilizar los recursos con fines poco claros y ajenos a cualquier mecanismo de seguimiento de resultados y de fiscalización.
“Ahora resulta que el padrón que están realizando ni siquiera está completo y no han presentado alternativas -más allá de entregar dinero directamente a los padres- para atender derechos y necesidades fundamentales para la primera infancia, como salud, un espacio digno y seguro, y profesionales que los cuiden”, advirtió.
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